Hasta 32 condiciones. El Memorándum de Entendimiento asociado al rescate del sistema financiero español, impone duras condiciones a los bancos 
que soliciten ayudas y al conjunto del sector, incluido el Banco de 
España, que queda de facto bajo la tutela del Banco Central Europeo 
(BCE). Y finalmente recuerda las condiciones macroeconómicas:
 el memorándum exige, negro sobre blanco, “poner en marcha las 
recomendaciones” de la Comisión por el procedimiento de déficit 
excesivo, además de “reformas estructurales”, si bien son las mismas 
recomendaciones y reformas ya vigentes en dicho procedimiento y en el 
llamado semestre europeo. De manera que la anunciada subida del IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy —incluida en las últimas recomendaciones de la Comisión— es en realidad una exigencia de los socios europeos.
Los socios europeos instan a poner en marcha una “transferencia de 
poderes sancionadores y otorgar licencias [fichas bancarias]” del 
Ministerio de Economía al Banco de España. Además, la Comisión Europea, 
el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional
 estarán muy encima del plan de rescate de la banca y podrán acceder 
“bajo estrictas condiciones de confidencialidad” a todos los datos del 
sistema bancario español que necesiten, tanto agregados como entidad por
 entidad. Asimismo, podrán hacer inspecciones in situ para examinar el 
cumplimiento de las condiciones, una labor reservada habitualmente al 
banco central de cada país y que da idea del grado de intervención en el
 sistema financiero que va asociado al rescate.
El memorándum obliga a “garantizar la independencia del Banco de España”,
 en un nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El 
Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para 
identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de 
2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar 
“las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”. Además, el 
memorándum obliga a aprobar legislación de protección del consumidor 
para evitar episodios como el de la deuda subordinada y las 
participaciones preferentes, y en general en los productos que no están 
bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a crear una institución fiscal independiente
 que supervise la política fiscal española, en la línea de las citadas 
recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación” y un
 sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar menos 
las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la propiedad 
de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma laboral”.
Fuente: El País
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