Hasta 32 condiciones. El Memorándum de Entendimiento asociado al rescate del sistema financiero español, impone duras condiciones a los bancos
que soliciten ayudas y al conjunto del sector, incluido el Banco de
España, que queda de facto bajo la tutela del Banco Central Europeo
(BCE). Y finalmente recuerda las condiciones macroeconómicas:
el memorándum exige, negro sobre blanco, “poner en marcha las
recomendaciones” de la Comisión por el procedimiento de déficit
excesivo, además de “reformas estructurales”, si bien son las mismas
recomendaciones y reformas ya vigentes en dicho procedimiento y en el
llamado semestre europeo. De manera que la anunciada subida del IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy —incluida en las últimas recomendaciones de la Comisión— es en realidad una exigencia de los socios europeos.
Los socios europeos instan a poner en marcha una “transferencia de
poderes sancionadores y otorgar licencias [fichas bancarias]” del
Ministerio de Economía al Banco de España. Además, la Comisión Europea,
el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional
estarán muy encima del plan de rescate de la banca y podrán acceder
“bajo estrictas condiciones de confidencialidad” a todos los datos del
sistema bancario español que necesiten, tanto agregados como entidad por
entidad. Asimismo, podrán hacer inspecciones in situ para examinar el
cumplimiento de las condiciones, una labor reservada habitualmente al
banco central de cada país y que da idea del grado de intervención en el
sistema financiero que va asociado al rescate.
El memorándum obliga a “garantizar la independencia del Banco de España”,
en un nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El
Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para
identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de
2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar
“las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”. Además, el
memorándum obliga a aprobar legislación de protección del consumidor
para evitar episodios como el de la deuda subordinada y las
participaciones preferentes, y en general en los productos que no están
bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a crear una institución fiscal independiente
que supervise la política fiscal española, en la línea de las citadas
recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación” y un
sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar menos
las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la propiedad
de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma laboral”.
Fuente: El País
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