sábado, 20 de abril de 2013

la Junta seguirá legislando “al lado de la ciudadanía” para defender a los andaluces con “una muralla de derechos"

El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, garantizó en Jaén que el Gobierno de Pepe Griñán va a seguir todas las semanas legislando del lado de la ciudadanía para poner “una muralla de derechos” ante quienes quieren llevarse por delante todo lo construido en las últimas tres décadas de democracia 
http://www.psoe.es/contents/showResource.do?urlRsr=/000000555500/000000555567.jpgAntes de intervenir en un encuentro con alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales socialistas de Jaén, Jiménez lamentó los ataques contra Andalucía y los andaluces que suponen las críticas a medidas como el decreto autonómico para garantizar la función social de la vivienda, dejando claro ante el Gobierno del Partido Popular, que “está solo agrediendo a los españoles”, y ante “todos los que amenazan al PSOE y a la Junta” que: “no nos van a parar ni a callar”.

“Y si el PP se quiere poner en medio, que se ponga”, añadió el dirigente regional socialista, quien advirtió de que “la marea ciudadana pidiendo que se cumplan la Constitución, el Estatuto y los derechos mínimos, se los llevará por delante al Gobierno de España y a la oposición vergonzosa del PP en Andalucía, que sólo habla para insultar al Gobierno de Andalucía en vez de ponerse de su lado y, por tanto, de los ciudadanos de esta tierra”.

Jiménez defendió así las medidas emprendidas por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de proteger “a la ciudadanía frente a las agresiones de la crisis” y de su gestión por parte del Gobierno de Rajoy a base de recortes y privatizaciones de servicios públicos esenciales. Subrayó que los socialistas andaluces apuestan por el diálogo para que estas iniciativas “no se queden en el ámbito de la comunidad” y se conviertan en una estrategia nacional de lucha contra la exclusión social, ya que más de tres millones de familias no tienen en estos momentos asegurada una renta mínima.

El vicesecretario general del PSOE de Andalucía incidió en que las acciones andaluzas iniciadas con el decreto de vivienda forman parte de un programa global contra la exclusión social, que contempla igualmente “un plan de choque” en colaboración con los ayuntamientos “para prestar servicios de proximidad”, con la idea de generar empleo, garantizar una renta mínima a familias en dificultades y mantener la atención pública al ciudadano en materias como la dependencia.

Apuntó que, dentro de esta estrategia andaluza contra la exclusión social que verá la luz en forma de nuevo decreto en próximas fechas, se agilizará la renta básica y se dispondrá la regulación oportuna “para que todos los menores tengan asegurada una alimentación razonable” utilizando los centros escolares, además de promover una iniciativa legislativa autonómica para proteger al deudor vulnerable en momentos de crisis. Jiménez explicó que el Gobierno de Griñán ya tiene “los servicios jurídicos en marcha” para disponer las medidas necesaria en defensa de las familias amenazadas por desahucios y pymes y autónomos con problemas de liquidez o en proceso concursal.

Por su parte, el secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, reiteró el “rechazo de plano” del PSOE a la reforma local del PP, ya que supone “un paso atrás irreversible para los ayuntamientos”. Pidió al Gobierno que retire el texto y que se “empiece de cero”, con un diálogo “abierto y sin imposiciones”. De no aceptar, advirtió que ésta va a ser “la ley más rechazada desde que se inició la democracia”.

“Esta ley se cargaría de un plumazo los servicios sociales de proximidad que prestan los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes”, denunció Zarrías, quien recordó que 1.800 granadinos ya se han quedado sin teleasistencia. En este sentido, comparó que mientras la Junta de Andalucía plantea planes especiales para evitar la exclusión y la pobreza, el Gobierno del PP “pretende acabar con los servicios sociales”, a los que tiene acceso el 90% de la población y en los que trabajan más de 50.000 personas

Por ello, consideró que la reforma local del PP “sería letal” y recalcó que “hay que mirar la rentabilidad social, no sólo la rentabilidad económica” de esos servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos y que estarían en cuestión con la nueva ley del Gobierno.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, destacó la propuesta formulada por alcaldes y portavoces socialistas de la provincia para que los 97 municipios de Jaén se declaren “libres de desahucios”. Esta iniciativa conllevará la presentación de un manifiesto para su aprobación en los plenos de los ayuntamientos. Incluirá la adaptación de varias medidas, como la petición de que se modifique la ley para que la Policía Local no tenga que intervenir en procesos de desahucios. Asimismo, cuando se lleve a cabo un desahucio, se buscarán fórmulas para que el Ayuntamiento pueda compensar a las familias afectadas a la hora de pagar el impuesto de plusvalía. Además, se pedirá a los ayuntamientos que medien con las entidades financieras para evitar los desahucios. En caso de que la entidad no ofrezca una respuesta favorable, el Ayuntamiento tendrá en cuenta esa actitud en futuras operaciones con la citada entidad.
Reyes valoró que la Junta de Andalucía “ha demostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta”, también en esta materia de viviendas y desahucios, y comparó esa política del Gobierno andaluz con la insensibilidad manifiesta que está demostrando el Gobierno del PP en España.
Sobre la reforma local, afirmó que esta misma semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció el papel de los ayuntamientos y su colaboración en la reducción del déficit público. “Por eso no entendemos que plantee la reforma que plantea después de decir lo que dijo esta semana”, indicó. Recordó que la labor de los ayuntamientos ha servido para fijar población al territorio y para garantizar la igualdad de oportunidades, alabó por ello el “esfuerzo” de miles de alcaldes y concejales, y denunció que, sin embargo, la reforma del PP “desprestigia a los ayuntamientos y calumnia a sus responsables locales”.
 
 

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