
El FMI arranca sus conclusiones calificando de “relevantes” las medidas adoptadas durante los últimos meses por España. Pero eso no ha permitido recuperar la confianza de los mercados, que sigue “débil”. Por eso, para hacer frente a los retos que afronta pide una respuesta “ambiciosa” que mire a la vez a la consolidación fiscal y a la reestructuración del sector financiero sin olvidar que tiene que potenciar el crecimiento a través de las reformas estructurales.
En opinión del FMI, el objetivo de reducción de déficit marcado de “muy ambicioso” —pasar del 8,9% de 2011 al 5,3% a final de año y, por ahora, volver a bajarlo al 3% en 2013— y por eso cree que será difícil de alcanzar, sobre todo porque los ingresos serán más débiles de lo esperado y no se puede fiar el ajuste solo a recortes de gasto que tardan en tener efecto. Por eso, los expertos del organismo insisten en que deben tomarse más medidas del lado de los ingresos y advierte de que “ninguna opción debe ser descarta”. Como ya reclamara el año pasado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pide que se suban tanto el IVA como los impuestos especiales. Pero introduce una novedad al incorporar un tono de urgencia: “Estas medidas deberían tomarse ahora”.
Además, frente a la situación de 2011, el país está ahora bajo un programa de rescate de sus socios, que aunque sea reducido a la banca, sitúa a España bajo una estricta vigilancia por parte de la troika (la UE, el BCE y el propio FMI, que pese a no dar ayuda financiera supervisará el proceso). Junto a ello, el Gobierno estará más presionado para adoptar las recomendaciones que lleguen desde las autoridades internacionales ante la más "mínimo desviación" de las metas de déficit, tal y como indicó el Eurogrupo al anunciar la ayuda.
Siguiendo con los impuestos, el FMI califica como “deseable” una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, pero solo cuando se alcancen unos objetivos en la reducción del déficit. En concreto, cuando el desfase presupuestario se sitúe por debajo del 3%. Dentro de este paquete, pide que se suprima la deducción fiscal por vivienda que el Gobierno reintrodujo tras llegar al poder en diciembre y considera “fundamental” que no haya más amnistías fiscales o aumentos transitorios de tipos ya que las medidas deben ofrecer "ganancias permanentes". En paralelo, señala que “debería protegerse el gasto en los más vulnerables”.
En cuanto al gasto público, los funcionarios del fondo creen que los recortes están previstos “en las áreas adecuadas”. Pero no es capaz de valorar sus resultados y apunta que serán difíciles de implementar. Para lograr ese ahorro, vuelve a insistir en la necesidad de que se apruebe “ahora” un recorte de los sueldos públicos, aunque matiza que podría cancelarse si realmente se cumple el objetivo de reducción del déficit. También se habla de dar “mayor énfasis a las privatizaciones”.
Las conclusiones del equipo de FMI que durante los últimos días estuvo visitando España en el marco de las consultas de Artículo IV se publica una semana después de que el consejo ejecutivo del organismo aprobara el informe de supervisión del sistema financiera español. En él que se identificó una necesidad de capital para la banca de 37.000 millones de euros, solo para cubrir las pérdidas futuras en un escenario económico adverso.
Cantidad que podría doblarse si en la ecuación se tienen en cuenta las necesidades de reestructuración de las entidades en apuros. “Los bancos siguen sin capacidad para obtener financiación privada no avalada”, comentan ahora los expertos del FMI en sus análisis. Y señalan, además, que “a pesar del anuncio de apoyo financiero europeo, las condiciones de mercado siguen siendo débiles”. La esperanza es que el apoyo financiero europeo contribuya a paliarlos riesgos a corto plazo.
Pero a reglón seguido indican que las tensiones podrían intensificarse “si las políticas económicas no logran frenar las salidas de capital o como consecuencia de mayores tensiones en otras áreas de la Eurozona”. Desde el organismo en Washington se vuelve a insistir en la importancia de que el plan de reformas estructurales se siga ejecutando en paralelo al proceso de saneamiento de los bancos.
En este sentido, los encargados de la misión del FMI consideran que “el futuro apoyo financiero de la Eurozona es una oportunidad importante” para avanzar en esa estrategia de tres puntos antes citada. “Mayor progreso a nivel europeo ayudará a las perspectivas de la economía española”, reiteran, en línea a lo ya expresado la semana pasada por la director gerente del FMI, Christine Lagarde. España será uno de los puntos a debate en el G20.
Junto al riesgo financiero, el otro motivo de preocupación es doble, derivado de un desapalancamiento más rápido del previsto en el sector privado y por el efecto de la consolidación fiscal. Las presiones negativas del ajuste, afirman los expertos, “probablemente se traduzcan en contracciones de la producción este año y el que viene", aunque se espera que las exportaciones netas sigan contribuyendo fuertemente al crecimiento.
A modo de conclusión, el FMI califica otra vez de urgente que España concentre sus políticas a mejorar la productividad y la competitividad de su economía. “Éstas son reformas inherentemente complejas y difíciles, pero críticas si el crecimiento ha de ser inclusivo y altamente generador de empleo”, remachan los expertos del organismo. El objetivo, creen, debe ser colocar al país entre el "Top 10" en las listas de índices globales de competitividad y clima de negocios. La reforma laboral es un paso positivo en este sentido, “ya que tiene el potencial de mejorar sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo”.
El FMI publicó también el sexto informe de supervisión de Irlanda en el marco del programa de asistencia, necesario para liberar el próximo tramo de ayuda de 1.400 millones. Considera que Dublín sigue comprometido con las reformas, a pesar de los retos y de las tensiones en la zona euro. “Todos los objetivos cuantitativos de la revisión se cumplieron”, concluyen los expertos. El crecimiento sigue siendo débil y la tasa de paro alta.
Fuente: El País
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