El parlamentario andaluz del PSOE Fidel Mesa señala que esta medida constituye “un nuevo impulso para la igualdad de oportunidades” en las zonas del medio rural, donde la aplicación de estos planes repercutirá “en más y mejores infraestructuras, equipamientos y servicios públicos”.
En el caso concreto de estos dos planes jiennenses se contempla la mejora de carreteras, la rehabilitación de viviendas, el arreglo de caminos rurales o el refuerzo de equipamientos sanitarios, entre otras intervenciones.
“Una vez más, el Gobierno andaluz evidencia su compromiso con el medio rural y su apuesta por la mejora de la calidad de vida en los municipios de las áreas rurales”, destaca.
Mesa argumenta que la batería de iniciativas que estos planes incluyen para las zonas de Cazorla, Segura y El Condado tienen el propósito final de seguir cumpliendo con “los grandes objetivos de los socialistas en materia de desarrollo rural y cohesión social”. En este sentido, consideró que se trata de “garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a los mismos servicios y a los mismos derechos en igualdad de condiciones, viva donde viva, ya sea en una gran capital o en un municipio pequeño”.
Además, indica que esta ambiciosa apuesta de la Junta de Andalucía también se traducirá en “una mayor dinamización de la actividad económica” en el medio rural, lo que permitirá igualmente reforzar la fijación de la población al territorio. “El PSOE tiene un largo historial de respaldo al medio rural andaluz y jiennense, por lo que estos planes vienen a consolidar un nuevo hito en ese compromiso de los socialistas con el campo y con los municipios más pequeños”, argumenta.
Los Planes de Zona Rural constituyen la aplicación en Andalucía de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007. En esta comunidad se han identificado 11 zonas rurales de actuación prioritaria, entre las que se encuentran estas comarcas jiennenses, para las que se destinará una inversión global de 289 millones de euros.
La financiación se repartirá al 50% entre Estado y comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, participarán la Junta, las Diputaciones Provinciales y los ayuntamientos. Habrá hasta 9 Consejerías implicadas, con especial relevancia de Salud, Obras Públicas, Medio Ambiente o Cultura, ya que aunque las acciones se realizarán en territorio rural su naturaleza trasciende lo estrictamente agrario.
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