Hace poco conocíamos los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda relativos a la deuda viva de los ayuntamientos españoles a 31 de diciembre de 2013 y Orcera ocupa el puesto número 167 entre los municipios más endeudados de un total de 8.116 ayuntamientos que existen en nuestro país. Con casi 3.900.000 € de deuda viva para un total de 1983 orcereños censados, la media por habitante se eleva hasta los 1.951 €, siendo de las más elevadas también de nuestra provincia y de Andalucía.
Esta deuda no es todo lo que deben los ayuntamientos. El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial; entre la deuda que no se contempla en esta parte se encontraría la deuda con la Seguridad Social o con la Hacienda Estatal y Autonómica que en nuestro caso también suma un buen pico debido, entre otras cosas, a multitud de subvenciones que la actual corporación está teniendo que devolver fruto de no haberse realizado en años anteriores.
Siempre es importante recordar estos datos para volver a poner en valor el trabajo del actual equipo de gobierno en circunstancias tan críticas como las que este ayuntamiento ha vivido en los últimos años. A esas deudas, así como al gasto corriente del día a día, se les puede hacer frente con una gestión responsable, sin gastos superfluos ni innecesarios y teniendo presente que hay que mirar por nuestro ayuntamiento para que el pueblo siga funcionando con normalidad; además de tener que estar preparados ya que cualquier día puede venir un nuevo embargo por alguno de los múltiples juicios a los que la anterior corporación no se presentó y que ahora nos obligan a devolver con el dinero de todos. El último ejemplo conocido lo hacía público el alcalde Sergio Rodríguez a través de las redes sociales con la sentencia judicial que nos obliga a pagar mas de 4.500 € fruto de parte de las facturas de las verbenas del año 2.009 que se quedaron sin pagar y que fueron reclamadas por la empresa organizadora de los espectáculos. Ese dinero incluye las costas judiciales a las que el ayuntamiento también tiene que hacer frente. Un ejemplo más de la labor desarrollada por nuestros gobernantes durante la legislatura comprendida entre los años 2.007 y 2.011 y que llevó al municipio a una situación caótica.
Desde estas lineas queremos apoyar la gestión de la actual corporación, animarlos a que sigan su esfuerzo titánico día a día y esperemos que aquellos que nos llevaron a la más absoluta miseria nunca vuelvan a la vida pública y ojalá algún día la justicia los ponga en el lugar que se merecen.