Pleno Extraordinario miércoles 23 de octubre

El próximo miércoles tendremos pleno extraordinario con el siguiente orden del día:

Alcaldes, portavoces y concejales socialistas secundan la concentración contra la reforma local

Alcaldes, portavoces y concejales del PSOE de Jaén han secundado la concentración contra la reforma local convocada hoy en la Diputación. Los responsables socialistas de toda la provincia han querido manifestar así su rechazo a esta ley y solicitar al Gobierno su retirada.

Más de un centenar de alcaldes y concejales de municipios de la provincia de Jaén, según la Diputación, se han concentrado este jueves por la mañana convocados por la propia institución a las puertas del Palacio Provincial para mostrar su rechazo al anteproyecto de reforma de la Administración Local planteado por el Gobierno central que se está tramitando estos días en el Congreso de los Diputados.

Según ha informado la Diputación en una nota, en este acto, la vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, ha leído un manifiesto en el que se subraya que esta nueva ley "empobrece la autonomía local y supone una pérdida de los servicios que representan la esencia del bienestar".

Según Parra, "el Gobierno está vendiendo que con esta norma ahora le toca sacrificarse a los políticos, cuando la realidad es que supone una pérdida de la autonomía local y que los platos rotos los paguen los ciudadanos", ya que, según ha apostillado, "la mayoría de los políticos no cobran en los ayuntamientos, y a partir de ahora los alcaldes se podrán subir el sueldo y habrá más liberados".

De esta manera, el ahorro que se plantea con esta ley "no se logrará por este lado", a juicio de la vicepresidenta de la Diputación, para quien éste "vendrá de menos servicios públicos, menos derechos, menos atención y menos ciudadanía".

Para la representante de la Diputación, la reforma local es "una ley que despoja a los ayuntamientos de la esencia del bienestar, como es la salud, la educación y los servicios sociales", unos servicios sociales que, en su opinión, "sufrirán un retroceso de más de 30 años porque se van a perder, igual que los Centros de Información de la Mujer, la atención y prevención violencia de género, las escuelas municipales de deporte de base, residencias y estancias diurnas de pueblos pequeños, que tienen los días contados".

"Se está despojando de democracia a los ayuntamientos, ya que las decisiones no se van a tomar aquí, sino en los despachos de los ministerios", ha insistido antes de resaltar que "entre los más perjudicados" por esta ley estará "el mundo rural".

"Letal" para los municipios pequeños

En su opinión, esta reforma es "letal" para los consistorios "menores de 20.000 habitantes, que se verán despojados de competencias y serán suplantados por parte de las diputaciones, que no salen reforzadas porque no lo hace la democracia". Para Parra, lo que pretende esta ley es "convertirlas en el brazo armado del Gobierno, en los hombres de negro que les quiten las competencias, que los suplanten, y esto no es lo que quiere una Diputación como la de Jaén".

Por último, la vicepresidenta ha puesto el acento en otros aspectos que, a su juicio, no resuelve esta norma, como "la suficiencia financiera, ya que lo único que se hace es que se limita el gasto", así como ha criticado que "no sea consensuada, y que los ayuntamientos sean tratados como los provocadores de la deuda y el déficit, lo que es totalmente incierto, porque son el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos grandes los que acumulan esa deuda que al final van a pagar los más pequeños", ha concluido.

La pobreza política, o meterse en jardines

Fuente: Blog del PP de Orcera.

El PP de Orcera vuelve a las andadas, ahora el problema son los locales y la cesión de los mismos. 

Antecedentes

En la era de los concejales liberados no se hizo nada por normalizar el uso y cesión de los locales del conocido como Edificio de los sindicatos. Unas pocas personas, los han venido utilizando, previa solicitud al anterior equipo de gobierno, junto a la vendida casa del médico, para la realización de actividades formativas y/o culturales por las cuales han cobrado a los alumnos la cuota que ellos han creído conveniente.

Por supuesto, la señora Martina Hruba, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orcera que nos ha costado mensualmente 948,36 euros brutos  (48.366,36 euros brutos en toda la legislatura) o 838,67 netos mensuales durante la anterior legislatura, poco hizo al respecto. De hecho lo más relevante en material cultural entre 2007-2011 fue la degustación de churros con chocolate, con motivo de las fiestas más señaladas hasta llegar aproximadamente a los 14.000 euros sin pagar.

Por aquella época  en materia de seguros el Ayuntamiento contaba con una póliza de RC, como la que tienen todos los Ayuntamientos salvo por un pequeño detalle, el importe que ascendía a 11.419 euros con 38 céntimos  y el motivo de ese módico precio es que la prima se calcula sobre el presupuesto municipal y este se había engordado hasta los casi 6 millones de euros ¿quizá un error? Por cierto la póliza de este año ha salido por 4965 euros.

Ningún edificio del Ayuntamiento de Orcera ha estado asegurado  contra robo o incendio durante estos últimos cuatro años, de ahí que cuando robaron material en el teatro no se pudiera  reclamar nada.

Desde 2011

El Ayuntamiento tiene contratada una póliza de RC y un seguro de edificios para tener asegurado continente y contenido. Todos los edificios municipales están asegurados a día de hoy a parte de la póliza de Responsabilidad Civil que son dos cuestiones distintas.

El PSOE ha sido consciente que cada vez cada vez hay más personas que en nuestro municipio  desean realizar actividades y el objetivo que se ha propuesto ha sido normalizar el acceso a las personas interesadas y garantizar la seguridad.

1. Respecto a las personas interesadas (físicas o jurídicas) Se ha aprobado una ordenanza reguladora a fin de normalizar el uso de los locales municipales.  Como Ayuntamiento estamos sujetos a la Ley de Contratos y esta no permite contratar a las entidades públicas con personas físicas que ejerzan una actividad lucrativa sin que las mismas no estén dadas de alta en el IAE y Seguridad Social como autónomos. 

2. Respecto a garantizar la seguridad.  Aquí se han trabajado  en dos líneas. La primera relativa a la mejora de las instalaciones. Se está preparando una ordenanza fiscal para establecer una tasa de 2 euros la hora por utilización de los espacios con objeto de mantener  limpio el edificio, costear la luz eléctrica y mejorar la instalación eléctrica, pintura de las salas, etc.  Se pretende así que el edificio se ponga en valor, se mantenga y que personas que establecen una actividad con la que ganan dinero, ayuden al pago de la limpieza y luz eléctrica que en la actualidad pagamos todos los vecinos de Orcera.

Si tenemos en cuenta que  el Ayuntamiento de Orcera debe regirse a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y que en virtud de esos contratos es donde puede tener cobertura de Responsabilidad Civil en la realización de actividades formativas o culturales se plantea un doble problema. Sobre todo si, tal y como plantea el PP en su nueva línea política y tal como piden sus acólitos, según alguno de sus comentarios, se hagan las cosas “observando la legalidad a rajatabla”.

• Si se cede un local a una persona para que de clases de idiomas, pintura o música sin que se firme un contrato con esa persona ni se acredite su alta en el IAE y Seguridad Social en caso de un siniestro no estaría cubierto por el seguro de RC del Ayuntamiento ya que no se podría acreditar que esa persona ejerce una actividad con arreglo a la normativa y con conocimiento del Ayuntamiento. En definitiva no entraría en lo que recoge la póliza como “asegurado”.
•  Si se pide que la persona contrate un seguro de RC de forma particular para el ejercicio de su actividad es porque teniendo en cuenta  el momento económico en que vivimos,  el estar de alta en el IAE y en Seguridad Social puede hacer inviable la mayoría de actividades por lo que el PSOE no va a entrar en que se cumplan esos requisitos pero si en que se disponga de seguro para garantizar la actividad que el solicitante realiza a su cuenta, riesgo y en precario.

Entendemos que el PP ha gestionado durante 4 años nuestro municipio prescindiendo de la aplicación de cualquier normativa en este ámbito por lo que nos sorprende la publicación de hoy.  Quizá el hecho de que la propia portavoz del PP de Orcera sea solicitante de uno de estos locales, se el motivo de que publiquen esta "noticia" en su medio. 

El hecho de que la ordenanza reguladora de espacios sea la número 33 aprobada esta legislatura puede servir para hacernos una idea del medio selvático en el que ha desempeñado su labor la antigua concejal de cultura liberada y hoy portavoz del PP, porque preguntarse si tiene o no seguro un edificio municipal después de ser parte del equipo de gobierno es bastante ejemplificador.

Alcaldes y portavoces de Jaén asisten en Madrid a la Asamblea de Alcaldes contra la reforma local

Alcaldes y portavoces socialistas de la provincia de Jaén han asistido hoy en Madrid a la Asamblea de alcaldes de los principales partidos políticos del país, a excepción del PP. La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, explica que munícipes de toda de España y de distinto signo político han expresa su “repulsa” por el contenido de una reforma local que “mina la autonomía de los ayuntamientos, socava la democracia local y pone en riesgo la prestación de servicios públicos”.

Los alcaldes de toda España reunidos en Madrid han reclamado al Gobierno que retire la ley de reforma de la administración local y que cuente con la opinión de los alcaldes y concejales que "están dando la cara en los pueblos".

Férriz recuerda que el PSOE de Jaén se opuso desde el primer momento a esta reforma local diseñada por el PP, puesto que “no mejora el funcionamiento de los ayuntamientos, ni clarifica competencias, ni aborda la financiación, ni garantiza la prestación de servicios públicos”. “Desde el principio, todo ha sido una gran coartada para intentar despojar de competencias a los ayuntamientos y abrir las puertas a la privatización de los servicios que prestan al ciudadano”, advierte.

Añade que el PSOE y sus alcaldes seguirán oponiéndose a esta ley “con todas sus fuerzas y con todos los instrumentos políticos al alcance”, como la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario, la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional o la propuesta de derogar esta reforma en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta.

La responsable socialista lamenta que el PP, como en tantos otros asuntos, “ha vuelto a quedarse solo con su rodillo parlamentaria”. Recuerda que leyes de este tipo, de gran trascendencia y calado, “requieren del diálogo y del consenso” con el resto de fuerzas políticas.

Férriz reitera que los ayuntamientos de la provincia de Jaén han hecho “una extraordinaria labor” de modernización de los municipios y de fijación de población al territorio durante 3 décadas. Además, valora “el papel fundamental” que están desempeñando en estos últimos años como administración más cercana al ciudadano, “en una época de crisis donde los servicios públicos municipales son imprescindibles”. “Alcaldes y concejales se están dejando la piel en sus pueblos, dando la cara y ayudando a sus vecinos a aliviar la difícil situación por la que estamos atravesando”, recalca.

Así las cosas, insiste en que “echar la culpa de la crisis” a los ayuntamientos es “un argumento falaz” que el PP “debería dejar de utilizar”. “La deuda municipal representa una pequeña parte de la deuda total de las administraciones públicas; y, por cierto, a la cabeza de los ayuntamientos peor gestionados están Madrid o Valencia, en manos del PP”, recuerda por último

Declaración de Alcaldes/as contra Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Madrid, 13 Octubre 2013

Los Alcaldes y Alcaldesas queremos expresar nuestra posición radicalmente contraria al Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo.

Pero ademas son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 mas de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias.

El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo.

La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste mas elevado que tendrán que costear los ciudadanos.

Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”.

El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.

Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de los vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.

Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.

Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.

El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.

Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por tanto “la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.

Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.

Así, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.

Ante la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.

La Fundación Peñalta hoy ha sido noticia en el Jaén

Hoy la constitución de la Residencia de Mayores Peñalta en una Fundación Pública Local ha sido noticia en el Diario Jaén. No queremos restar importancia a la respuesta que desde el PSOE de Orcera hemos dado a la última publicación del PP de Orcera.

MAREAR LA PERDIZ O, CÓMO INTENTAR CONFUNDIR A LOS VECINOS DE ORCERA

La expresión marear la perdiz, como tradicionalmente se conoce, se refiere a hacer perder el tiempo de forma intencionada a base de rodeos y dilaciones que retrasan u obstaculizan la resolución de un problema. Esta expresión es hoy, de nuevo, aplicable a una noticia publicada en el blog del Partido Popular de Orcera. El texto versa sobre la residencia y la información publicada al respecto, hasta la fecha. Dadas por entendidas las intenciones de dicho partido, así como el contenido del citado texto, consideramos necesarias algunas puntualizaciones que reflejen la situación real de nuestro municipio. Para ello, reproduciremos textualmente el punto de vista reflejado en su blog y, posteriormente, puntualizaremos aquello que sea necesario. 

1º La información que hoy expone el PSOE no se encontraba en el expediente que se trató en el Pleno. Sin esa información nuestro voto no podía ser afirmativo. De ahí nace la interposición de recurso.

Evidentemente, la resolución tiene fecha de 30 de septiembre y es el fruto del trabajo realizado y de los documentos que venían en el expediente que se remitió a Sevilla y es el resultado final del trámite. Si se lleva a pleno el 10 de septiembre constituir una fundación es normal que la resolución venga después.

2º El PSOE miente: En el escrito colgado en el blog, en su párrafo  3 , se deja claro que “NO decimos no a la Fundación” queremos participar con nuestras aportaciones para intentar dar al problema la mejor solución”. El PSOE intenta confundir, presentando unos comentarios sesgados, tergiversando la realidad.

La impugnación de un acuerdo en pleno representa una vía para denegar un trámite que pretende solucionar un problema en nuestro municipio y garantizar que el servicio que dicho acuerdo representa permanezca en el dominio de lo público.

El Partido Popular, por su parte, en lugar de no decir no, ejecutó, a través de su portavoz, la presentación del escrito en el registro general con su firma olvidada. Por ello, dicho escrito fue registrado, únicamente, con la firma del concejal Antonio Zorrilla Zorrilla. Dicho movimiento genera la sensación de estrategia del tipo Poncio Pilatos: “Yo, me lavo las manos”.

Tras dos años de ausencia de la vida política local y cuatro deserciones de las filas del mencionado partido, resulta llamativa su vuelta a la actividad. Una vuelta que tiene lugar después de cuatro años del gobierno de nuestro municipio en coalición con Izquierda Unida. Dicho gobierno se ha caracterizado por regir el municipio bajo el más absoluto descontrol. Y después de esto, el Partido Popular se erige, ahora, como fiel colaborador, después de que su paso por el gobierno pudiera ser resumido en la Residencia a través de los siguientes conceptos: meses con 50 nóminas, descontrol económico y financiero, y un agujero en la cuenta de cotización de la Seguridad Social de 200.000 euros.

3º El concepto de Fundación Público Local no se utilizó en ningún documento, en el desarrollo del debate ni en los  acuerdos de Pleno, ni en el Plan de viabilidad, ni si quiera aparece en los propios estatutos. Como demuestran los Estatutos aprobados por el Pleno así como los acuerdos de Pleno que os mostramos a continuación:

Tras el alarde legislativo que, últimamente, exhibe el Partido Popular de Orcera, debería por tanto ser consciente de la existencia de la Ley 5/2010, vigente en Andalucía y de autonomía local, según la cual una Fundación Pública Local es aquella que se constituye con una aportación mayoritaria directa o indirecta de una entidad local. Dicho esto, aunque el Partido Popular referencia la presente ley, no deja claros sus deberes para con ella y, aunque hace referencia a ella, parece no querer dejarlo claro, no sabemos si por falta de interés o de conveniencia.

Para no generar dudas, aquí está disponible el artículo 40 de dicha ley. 

En Derecho existe lo que se conoce como jerarquía normativa, según la cual los distintos tipos de normas (leyes, decretos y órdenes) se supeditan unas a otras de mayor a menor importancia. Resulta, por tanto, evidente que las de menor importancia no pueden contradecir a las que rigen por encima de ellas.

Dicho esto, es obvio que, aunque la clasificación de público local no aparezca en el encabezado de los estatutos, los presentes siguen estando sometidos a las normas de mayor rango, según dispone el artículo 40 de la citada ley. A todos los efectos, seguimos tratando de una entidad que nace del Ayuntamiento y que, por ello, tiene un carácter público.

Dado que tras la exposición de la alcaldía se explicó el acuerdo a adoptar y las partes del mismo, mientras que la oposición se ha limitado a la lectura de un escrito con preguntas sobre lo que justamente acababa de ser expuesto, resulta aventurado hablar de un debate real. Consideramos que la actuación del grupo popular estaba premeditada de antemano.

La solicitud de incorporar el texto al acta sobre la constitución de la fundación es, desde nuestro punto de vista, lo de menos, tal como se demostró al mantener la cuestión tras dar por hecho que no se iba a generar ninguna información al respecto, que fue justo lo contrario de lo sucedido.

4º Mantenemos que el expediente estaba incompleto, no sabemos si intencionadamente. Hecho de ello es que ahora, el PSOE se saca de la manga el concepto de Fundación Público Local.

El mejor síntoma de que toda la documentación estaba recogida de forma correcta es la constitución de dicha fundación desde el 30 de septiembre de 2013. El término “intencionadamente” no será tenido en cuenta porque nos consta que el Partido Popular disponía de la pertinente documentación con antelación y esperó al día del pleno para montar la pataleta.

5º Ante ello, nos gustaría hacer unas anotaciones que dejan claro nuestro posicionamiento.

Las nuevas Fundaciones Públicas, que encierran la incertidumbre de si son personas públicas o privadas, pero no la duda de si son Administraciones, pues no lo son, entre otras cosas porque en ningún caso pueden ejercer autoridad.

En Andalucía, las Fundaciones están reguladas mediante el Decreto 32/2008, la Ley 10/2005 y la Ley 5/2010, por lo que no entendemos a qué “incertidumbre”  se refiere la oposición. 

Exite una ley de Fundaciones a nivel estatal, la Ley 50/2002, bajo su paraguas, cada comunidad autónoma ha legislado, en su territorio, leyes especificas que completan la norma estatal y/o la suplen. Puede que sea, precisamente, el hecho de que el Partido Popular no haya gobernado nunca en Andalucía lo que justifique su desconocimiento de la normativa vigente. 

Por tanto, estas personas jurídicas no son, de modo alguno,  administraciones, sino personas jurídicas privadas que pueden estar supeditadas a entidades públicas.

La Fundación Pública Local es un ente instrumental, no Administración Publica, creado por el Ayuntamiento de Orcera para la prestación de un servicio. Por su forma de creación tiene carácter público y por adoptar una forma jurídica del Derecho Privado le es de aplicación la Ley de Fundaciones. En cuanto al régimen normativo aplicable existe una dualidad público-privada; régimen publico dispuesto en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Arts. 33, 40, 41 y 42, sin olvidar que lo no dispuesto en esta Ley se regirá por el régimen privado contenido, principalmente, en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones y demás leyes civiles.

Es, precisamente, este último párrafo el que representa el mayor error del asesor o asesores del grupo popular orcereño. En él, emplea nueve líneas para no decir nada y hacer un refrito de leyes con el único objetivo de confundir a los vecinos y a los trabajadores. Dicha confusión se desprende de los siguientes puntos:

Hacen referencia a adoptar una forma jurídica del derecho privado cuando, por el contrario, el artículo 42 de la Ley 5/2010 de 11 de junio  dice lo siguiente: 

1. Las fundaciones públicas locales no podrán ejercer potestades públicas. Solo podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las competencias de estas.

2. En todo caso, corresponde a las entidades locales la designación de la mayoría de los miembros del patronato.

3. En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las fundaciones públicas locales se regirán, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación".

Parece ser que, o han olvidado leer el punto 3 del presente artículo, o no lo han entendido bien porque es precisamente en él en el que se establece el carácter público de la fundación creada.    Pese a ello, se intenta hacer ver una mala intención por parte del equipo de gobierno y sugieren que intenta engañar a los trabajadores para que pasen de un servicio público una entidad privada. 

6º Desde aquí le volvemos a preguntar al PSOE ¿Por qué eligen la figura jurídica de Fundación y no otra de las existentes?

Esta pregunta es de fácil respuesta: de acuerdo con la legislación vigente en Andalucía, y que ha sido expuesta anteriormente, hacemos uso de las mejores practicas para con los usuarios, los trabajadores, el municipio y el Ayuntamiento de Orcera, de acuerdo con lo recogido en los fines de la fundación registrada. No olvidemos que, con una fundación es posible acogerse, como se dijo en el pleno, al patrocinio y mecenazgo, lo que a priori, permitiría disponer de más ingresos gracias a las ventajas fiscales para los donantes.

Ejemplo 1: un proveedor de la residencia decide donar productos que nos suministra un mes al año. Se podría desgravar parte del importe de la donación en su declaración de la renta. 

Ejemplo 2: un residente sin familia decide donar a la fundación un solar que tiene cuando muera, lo que supone un incremento de patrimonio de la fundación y evitaría el pago de un impuesto de transmisiones.

Consideramos que las ventajas expresadas son suficientes para sostener la argumentación de nuestro gobierno.

¿seguimos con las ventajas?

7º Jurídicamente, una Fundación Publico Local  se regirá, a lo no dispuesto por la Ley de Autonomía Local de Andalucía, por lo dispuestos en la Ley de Fundaciones (regida por tanto por derecho público y por derecho privado. Nuestro recurso se basa en que no se dejó el asunto sobre la mesa para completar el expediente al que a nuestro juico faltaban elementos jurídicos esenciales. La ley de autonomía local de Andalucía, en su artículo 33.6 dice:

“ En el expediente que se tramite para la constitución de las entidades previstas en las letras b) a g) del apartado 3 de este artículo deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la modalidad de prestación respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá un estudio económico-financiero del coste previsible de su implantación.”

Frente a esto, nos vemos obligados a referirnos, de nuevo, a la legislación vigente.

Respecto a la fundación: Ámbito nacional = Ley 50/2002. Ámbito autonómico= Ley 10/2005 y Decreto 32/2008

Respecto a legislación local (en paréntesis, la relación con organismos autónomos y fundación en el caso de la de Andalucía): Ámbito nacional = Ley 7/1985 (ver art. 88.5). Ámbito autonómico = Ley 5/2010 (ver art. 33, 40 y 42)

Sobre el artículo 33.6, la información referida se encuentra en el Plan de Viabilidad. El hecho de que la fundación esté constituida, a día hoy, es el mejor ejemplo de que se remitió la documentación necesaria, es decir la que había en la carpeta del pleno e información de la que el Partido Popular disponía (estatutos y plan de viabilidad) desde el 2 de septiembre de 2013, es decir, ocho días antes del pleno.

8º El PSOE vuelve a mentir: No hay eliminación de competencias. La reforma local que se está tramitando en el Congreso NO elimina competencias locales, lo que hace es adelgazar a la administración local y los sueldos de sus políticos y personal de confianza. Será necesario acuerdo plenario para la cesión de competencias a otra administración. Aún no está en vigor, y entrará con plenitud en el año 2015.

A los recortes experimentados desde las Elecciones Generales de 2011 se suma, ahora, el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El mencionado texto prevé eliminar las competencias municipales en "la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social", para cederlas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos sólo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación, y alguna prestación económica de emergencia, y de carácter puntual.

La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de "gestión indirecta". Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos y que, hasta ahora, imparte personal propio en una entidad privada.

De hecho, este domingo hay prevista una asamblea de alcaldes de toda España en Madrid en la que se va a dejar clara cuál es la postura de los pequeños municipios ante la reforma (enlace)

La reforma no ha entrado, aún, en vigor pero al final entrará y veremos si este tipo de servicios logran mantenerse en manos de los ayuntamientos.

9º El PSOE no les dice la verdad a los trabajadores. Respecto al régimen jurídico delpersonal de la citada Fundación tiene carácter laboral sin tener relación de dependencia con  la Entidad Local, siéndoles de aplicación la legislación laboral, Estatutos de los Trabajadores y Convenios Colectivos, como a cualquier otro trabajador, Tan sólo son de aplicación la disposición adicional primera de la Ley EBEP.

De nuevo, el Partido Popular demuestra, a nuestros ojos, estar dando vueltas círculo con los ojos cerrados. Es mentira que sólo se pueda aplicar la disposición adicional primera del EBEP, ya que en el artículo 2 aparece recogido el ámbito de aplicación y es en el cuarto guión donde entrarían los trabajadores de la fundación.

Artículo 2: Ámbito de aplicación. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

- La Administración General del Estado.

- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- Las Administraciones de las Entidades Locales.

- Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

- Las Universidades Públicas.

Por lo tanto, es falso que se les vaya a aplicar a los trabajadores la legislación laboral, como así se informó en el pleno y al grupo popular. 

10º La interposición del recurso, que seguro el PSOE votará en contra, conlleva, como nos ha reconocido el Alcalde una serie de complicaciones, que no se producirían si las cosas estuvieran bien hechas desde el principio.

Por supuesto que el equipo de gobierno desestimará el recurso de reposición interpuesto por el grupo popular y que "olvidó" firmar la portavoz del mismo con los argumentos legales necesarios.

Esas “complicaciones” que menciona el PP son las siguientes: 

1. El acogerse al RD 8/2013, así como las medidas de ajuste del mismo, implica  reducción de personal y de gastos, si no es posible desligar la residencia del Ayuntamiento habrá que reducir personal por importe de 72.000 euros (el 5%). A eso no lo llamamos "complicaciones", lo llamamos “despidos de trabajadores del Ayuntamiento” gracias a la actitud del Partido Popular. De ahí que falte una firma en el recurso.

2. No se podría constituir ninguna entidad nueva (fundación, empresa pública, organismo autónomo) porque así lo recoge el RD 8/2013. Por ello, la residencia seguiría siendo municipal hasta que la nueva ley de bases diga lo contrario.

"Esta serie de complicaciones" para el PSOE suponen una gran preocupación porque, en definitiva, mediante una oposición destructiva con los intereses generales del municipio, se está jugando con el pan de más de veinte familias del municipio. Porque el Partido Popular no dice no a la fundación, pero lo tampoco dice es que realmente está es la última oportunidad que tiene el municipio de separar un servicio que está lastrado por la complicada  situación económica del Ayuntamiento. Eso sí, se dedican a confundir la opinión en la calle para dejar claro que el Partido Popular ha vuelto, sin tener en cuenta el interés general del municipio.

11º Se han gastado 1.495 euros en la tasación de la residencia (edificio y mobiliario).Si solo pretendía ceder el mobiliario ¿para qué se tasa el edificio? El precio pagado hubiera sido sensiblemente muy inferior. Por ello pensamos que con nuestro posicionamiento, de alguna manera, hemos evitado una posible disminución del patrimonio municipal.

La decisión tomada fue valorar tanto el continente como el contenido para no tener problemas al elevar el acuerdo a escritura pública y se pudiera retrasar el proceso. Sorprende que entre en esta cuestión al PP porque desconocemos como se tasó la casa del médico en vísperas de las elecciones o quien tasó la muerte del caballo que un vecino de Orcera tenía en la plaza de toros y del que se fijo un precio de 6.000 euros para llegar a pargar 3000 a principios de 2010. ¿nos podrá decir algo la antigua tesorera del Ayuntamiento y hoy portavoz del PP? Teniendo en cuenta  que el ayuntamiento ha pagado a un señor de Albacete  más de 2000 euros por hacer entre otras joyas el presupuesto 2010 descuadrado en 400.000 euros o el modelo 347, 303,390 que son de simple administración, no son los más legitimados para hablar.

12º  El Partido Popular de Orcera se pone a disposición de los trabajadores de la residencia y de los ciudadanos para aclarar cualquier duda o cuestión relativa a este asunto. Volvemos a repetir que no nos oponemos a la Fundación, solo queremos que las cosas se hagan bien

A partir del lenguaje confuso y el abuso de legislación que no conoce el ciudadano de a pie, la explicación que se puede dar a los trabajadores está a la vista. 

Teniendo en cuenta que no se podrá volver a constituir, el concepto "querer que las cosas se hagan bien" es bastante relativo, como así  se desarrolló durante los últimos cuatro años de gobierno popular en el ayuntamiento.

El PSOE presenta enmiendas para mejorar la A-32, la A-81, el ferrocarril, las obras hidráulicas y las energías renovables

El PSOE de Jaén centrará sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la A-32, la A-81 Granada-Badajoz, las obras hidráulicas, el ferrocarril y las energías renovables, según anunció hoy Felipe López, coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, cuyos miembros han celebrado una reunión de trabajo para perfilar las propuestas. A la reunión ha asistido el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.

López recordó que los PGE para 2014 son “profundamente insatisfactorios” para la provincia, puesto que “no responden a sus necesidades, recortan significativamente la inversión respecto a los PGE del Gobierno socialista e incumplen el Estatuto de Autonomía respecto al volumen de inversión” que le corresponde a la comunidad autónoma.

El senador socialista avanzó que el PSOE va a pedir que “se cumplan los plazos previstos en la planificación” de la A-32 Bailén-Albacete, incrementando para ello los recursos y acortando los plazos de finalización. Asimismo, consideró “imprescindible” que los PGE aborden el tramo Alcaudete-Luque de la A-81 Granada-Badajoz, tramo que se superpone con la Autovía Úbeda-Estepa y por lo que el PSOE “urge a que se priorice”.

En materia hidráulica, el PSOE pedirá que “se aceleren las obras de abastecimiento del Condado”, así como el encauzamiento de los ríos Quiebrajano y Eliche, que antes eran una prioridad y que “ahora están durmiendo el sueño de los justos”. “El PP hacía mucho ruido en la oposición con estos temas, pero ahora guarda un silencio absoluto”, criticó.

Sobre el apartado ferroviario, López subrayó que la inversión prevista es “totalmente insuficiente”. Recalcó que “hay que avanzar” en la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid a lo largo de la provincia, pero “también en Castilla-La Mancha” y la conexión con Granada y Almería. Argumentó que la mejora del tren no repercute únicamente en la movilidad de los ciudadanos, sino también “en oportunidades de empleo y desarrollo ligadas a las infraestructuras logísticas de Andújar, Bailén y Linares”. En este sentido, indicó que no sería posible realizar los centros de mercancías si no están hechas las oportunas infraestructuras de transporte y comunicación.

Igualmente, explicó que el PSOE va a solicitar al Gobierno que levante la moratoria de las ayudas a las energías renovables, ya que Jaén “tiene oportunidades de aprovecharlas” particularmente en el campo de la biomasa. Sin embargo, lamentó que el Gobierno “hace oídos sordos a las oportunidades de empleo” que ofrece este sector, así como a la lucha contra el cambio climático, fenómeno en el que España aparece como uno de los países más vulnerables según los últimos informes conocidos al respecto.

López resumió que se trata de un conjunto de enmiendas hechas “con rigor” y confió en que el Gobierno y el PP “tengan a bien aceptar algunas de ellas”.

EL PP DE ORCERA IMPUGNA EL ACUERDO DE PLENO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN PEÑALTA

La fundación Peñalta ya es una realidad, desde el 30 de septiembre está constituida como Fundación Pública  Local con el número JA-1374, sin embargo a la vista de lo publicado por el PP de Orcera en su blog consideramos que es interesante hacer algunas apreciaciones.


Este es el encabezado de lo publicado en el blog del PP en el que dejan claro que se niegan a que se pase la gestión de la residencia a una fundación privada.




Como se puede apreciar en la imagen de abajo  ya en el título de la resolución califica la fundación creada como pública local, no como una fundación privada como la califica el PP.


El hecho de estar constituida indica que  se ha remitido todos los documentos  necesarios para su creación y está creada tal y como dice la Resolución, a partir de la aportación que hace el Ayuntamiento de Orcera, de ahí su carácter público.

Sobre la composición del Patronato al ser una entidad vinculada al Ayuntamiento, la designación de los mismos y el ejercicio de sus funciones se corresponde con el desempeño del cargo tal y como sucede con los consorcios provinciales y demás órganos en los que está representado el Ayuntamiento de Orcera.

Si seguimos estudiando lo publicado por el PP vemos como en otro punto se plantea una duda sobre la cesión de la residencia, tal y como aparece en la resolución en su punto cuarto, lo que se cede, tal y como se hizo constar en el pleno de 10 de septiembre, es el uso de edificio, no el bien que seguirá perteneciendo al Ayuntamiento de Orcera. Se crea una entidad para gestionar un servicio que viene prestando el Ayuntamiento de Orcera, porque la Reforma local del PP entre otras cuestiones plantea la eliminación de la competencia en materia de bienestar social que vienen desempeñando los Ayuntamientos.

Tal y como se puede apreciar en el apartado FUNDAMENTOS DE DERECHO  se puede ver como se cumplen con todos los preceptos legales que marca la normativa en Andalucía. Tal y como podemos ver a continuación desde el 30 de septiembre la Fundación Peñalta es una realidad, el servicio seguirá siendo público y no se verá afectado por la entrada en vigor de la reforma local del PP.

Sin embargo, el PP de Orcera continua en la entrada de su blog cuestionando la viabilidad de la idea comparándola con la Fundación privada que gestiona la Residencia de Siles y cuyo presidente el es el alcalde popular del municipio de Siles, pero distingamos términos:

- Orcera: Fundación Pública Local
- Siles: Fundación privada de origen testamentario














Es interesante el último punto  en el que justifica la impugnación como forma e parar las gestiones que se han hecho de forma unilateral y participar  en buscar la mejor solución, solucion que ha consistido en repartir un panfleto informativo en el que su solución al problema de la Residencia es decir no a la fundación pero sin decir que:

1. Si al final acuden a la vía contencioso administrativo y les dan la razón, la fundación se disolvería y volveríamos a tener una residencia municipal hasta que entrara en vigor la nueva reforma local.

2. Al acogerse el Ayuntamiento al Decreto 8/2013 no podría volver a constituirse  ninguna entidad como la fundación u otro tipo de organismo autónomo.

3. La única posibilidad que tendría el Ayuntamiento sería la privatización o que asumiera el servicio la Diputación Provincial  ya que no podríamos volver a constituir la fundación y tampoco tendríamos la competencia al entrar en vigor la nueva ley de bases de régimen local.

4. Una modalidad u otra implicaría ajustar la plantilla a la ratio y no se podría garantizar ni la antigüedad ni la subrogración en el caso de que asumiera su gestión la Diputación Provincial.

5. El Ayuntamiento de Orcera tendría que reducir el gasto de personal en un 5% por lo que hablamos de aproximadamente 5 despidos y adoptar otras medidas de ajuste que impusiera el Ministerio de Administraciones Públicas.